Guitarras, sintetizadores y denuncias: cerca de 20 miembros de la escena ‘indie’ peruana son involucrados en testimonios de violencia contra mujeres

En las últimas semanas, cerca de 20 miembros de la escena musical independiente de Perú fueron denunciados en redes sociales por maltrato físico, sexual y psicológico contra mujeres. Algunas de estas acusaciones se hicieron de manera anónima, y otras fueron abiertamente públicas. Varios involucrados negaron los hechos y anunciaron que iniciarán acciones legales, mientras que el resto pidió disculpas u optó por el silencio. No obstante, la ola de denuncias generó el repudio de cientos de seguidores, así como la desintegración de bandas y el rechazo de mánagers y sellos discográficos. Este primer reportaje busca poner el ojo en esta grave problemática social, pero también proponer cambios en pos de una escena musical segura.

En diciembre de 2022, Santa Madero se había convertido en la banda insignia de la escena independiente limeña. No solo encabezaban los rankings locales de fin de año gracias a su disco debut Ya Tengo Nostalgia por Conversaciones que Tuve Ayer, sino que seguían sumando oyentes con su indie pop centennial, pero de mensaje reivindicativo. El single “Puaj!”, coescrito por el tecladista Dan Joe Salazar, era prueba de ello: con actitud pop punk, la agrupación de Chaclacayo cantaba sobre la juventud, las relaciones y la libertad de elegir desde una perspectiva femenina.

Sin embargo, esa letra y música han dejado de tener sentido para buena parte de sus seguidores. El pasado 16 de febrero, una usuaria anónima de la cuenta de Instagram “Denuncia y Exposición” afirmó que, durante esos últimos días de 2022, Salazar abusó de ella cuando apenas tenía 17 años de edad. En la publicación, se consignaron mensajes atribuidos al músico, en los que habría pedido perdón por lo sucedido y argumentado que “entendí que hubo consentimiento mutuo desde un principio”. Esta es una de las numerosas denuncias por violencia de género –algunas sin firma y otras abiertamente públicas– que en las últimas semanas han involucrado a cerca de 20 músicos, fotógrafos y miembros de la escena local.

La ola de denuncias empezó el 5 de febrero, cuando la joven Alejandra Muñoz publicó una serie de videos en la plataforma TikTok. En ellos describía los presuntos abusos físicos y psicológicos que habría recibido por parte de una expareja llamada “Mateo”, con quien se vinculó años atrás. Por ejemplo, Muñoz narró que, en una ocasión, él le había propinado un puñete en el ojo tras una discusión. También contó que quedó embarazada y acordaron abortar porque no se sentían preparados par ser padres. Cuando ella se arrepintió de haber tomado esa decisión, él habría reaccionado de manera violenta, según su versión. Los videos se viralizaron. Y, aunque nunca reveló el nombre del involucrado, los usuarios pronto identificaron que se trataba de Mateo Novoa Rodríguez, baterista de las bandas Suerte Campeón, 16 Bits, Blackthony Startano, Fiesta Bizarra y Tinkertoys.

Más de una semana después de la publicación realizada por Alejandra, Novoa hizo un descargo. En sus redes sociales, el músico negó haber cometido abusos de cualquier tipo, y argumentó que la relación se había tornado “tóxica” y “violenta”. Posteriormente, confirmó al portal Infobae que había iniciado una demanda legal contra Muñoz y exigía medidas de protección para evitar que su expareja hable sobre él y contacte a su entorno más cercano. Sin embargo, la pólvora ya se había encendido en la escena independiente. A partir de los videos de Alejandra, en los siguientes días de febrero aparecieron acusaciones que involucraban a otros músicos, fotógrafos y productores. El desarrollo se puede apreciar en la siguiente línea de tiempo:

“¿Y las pruebas de la violencia?”

La violencia de género es un problema estructural del país. Va más allá de géneros musicales o de ciudades específicas. Ocurre a escala nacional y tiene cifras escalofriantes: solo en 2023 se registraron más de 142 mil denuncias por actos violentos contra mujeres en el Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En ese contexto social, esta es la primera vez que se publican tantos testimonios de violencia en la escena musical independiente, donde en años anteriores se han difundido acusaciones separadas en el tiempo (Luis Antonio Vicente de La Nueva Invasión, José Mendocilla de Neon Dominik y Blind Dancers, etc).

En los 29 días de febrero, se sumaron al menos 25 testimonios a través de diversos espacios virtuales, como las cuentas de Instagram “Denuncia y Exposición”, “Denuncias Fotógrafos Perú” o “Putirojimias”. Aunque una mayoría ha mostrado su indignación frente a los actos violentos descritos, otro sector ha cuestionado la validez de estas publicaciones, ya que muchas de ellas son anónimas y sin la formalidad que requerirían. Surgieron entonces las preguntas recurrentes en este tipo de situaciones: ¿Por qué creerles? ¿Por qué validar el llamado escrache, ‘funa’ o ‘cancelación’ en redes sociales?

Miremos de nuevo las estadísticas: entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial analizó cerca de 810.000 denuncias de violencia contra la mujer (delitos tipificados en la Ley Nº30364), pero solo el 0,044% de casos obtuvo una sentencia, de acuerdo con un reciente informe del diario La República. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que el 77% de despachos fiscales que reciben este tipo de casos los archivan, ya que no pueden demostrar la existencia de ‘afectación psicológica’ en las denuncias por una incompatibilidad de parámetros con el Instituto de Medicina Legal y los Centros de Emergencia Mujer, que deben emitir los informes respectivos. Es decir, la justicia formal se ha convertido en un callejón sin salida para las mujeres.

«Al haber un alto porcentaje de impunidad, muchas de las sobrevivientes no denuncian por vías formales, sino que realizan publicaciones y exponen los hechos de violencia que han experimentado. Actualmente, distintos especialistas califican estas publicaciones como ‘nuevas formas’ para la obtención de justicia entre las mujeres, quienes no necesariamente buscan perjudicar el honor de las personas. Buscan sentirse escuchadas y evitar que otras personas atraviesen estas circunstancias. En muchos casos, los denunciados por redes sociales reciben el respaldo de sus bandas y centros laborales, pero las denunciantes siempre son cuestionadas», explicó Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad.

¿Existe la posibilidad de que alguna denunciante mienta o exagere en su testimonio? Por supuesto. Sin embargo, los números también son claros en ese sentido. Experiencias internacionales como la de España establecen que apenas el 0,01% de las denuncias por violencia contra la mujer son falsas, según la fiscalía española. Álvarez precisó que las relatorías especializadas de las Naciones Unidas, así como los sistemas de justicia de Colombia y Chile a través de sentencias constitucionales, han sido enfáticos en fijar «una protección reforzada» a la libertad de expresión de las mujeres que exponen sus testimonios en redes sociales.

«Lo que se busca con ello es proteger los fines públicos de sus testimonios, a fin de prevenir la violencia. En el Perú, el asunto es complejo porque hay un uso abusivo de las querellas por difamación agravada y se criminaliza a las denunciantes. Hoy, en el contexto específico de la música nacional, se requiere por lo menos una investigación de oficio del Ministerio Público», concluyó la abogada. Es importante recordar que el propio Ministerio del Interior ha dispuesto una plataforma virtual para realizar denuncias anónimas por violencia de género, intentando proteger este derecho en nuestro país. Sin embargo, no hay cifras ni datos sobre su eficacia. Buscamos al MIMP para que nos brinde una posición oficial ante esta ola de graves acusaciones en la escena musical peruana, pero no hubo respuesta.

Ola de reacciones

Las reacciones de los involucrados han sido variadas. Algunos músicos como Diego Chávez (Somontano) o Erick Zurita (Espectros de Shibuya) han admitido que tenían problemas con el alcohol. Además, esbozaron unas disculpas públicas hacia las personas afectadas. En el caso de la banda Finster, el vocalista Alan Canales reconoció que sí cometió la agresión publicada en redes sociales, y que, desde entonces –en 2020–, ha llevado terapia para corregir actitudes que también atribuye al consumo de alcohol. «Hoy tenemos que generar un camino de reparación para ellas», dijo por teléfono.

Su colega, el bajista Óscar López, confirmó que tuvo una relación con la joven que lo acusó de haberla manipulado para abortar. Pero negó estos hechos: «Ese tema será revisado por la vía legal», comentó. Agregó que ella lo ha buscado en reiteradas ocasiones hasta que en noviembre «me pidió volver como pareja», lo que él –dice– rechazó. Canales y López coincidieron en que Finster no va más.

Ese también es el camino que ha tomado Suerte Campeón, que anunció su separación definitiva tras la denuncia contra Mateo Novoa. Por su parte, la agrupación Fntasma! informó que Sebastián Novoa fue retirado del proyecto. Aunque su versión es distinta: «Yo me retiré de la banda. Les comenté que, como se está hablando bastante de mí, eso podía perjudicarlos. Hay un disco que está por salir y para que no se vea manchado, preferí dar un paso al costado […] Soy consciente de mi inocencia. Estoy tratando de tomar algunas medidas para que esta persona deje de hacer eso [hablar sobre mí]», explicó. Consultado sobre el hecho de que tanto él como su hermano Mateo están involucrados en denuncias, Sebastián contestó: «Son casos muy aislados».

Anti-Rudo Records, sello discográfico que albergó en su catálogo a Fntasma! y 16 Bits, informó que entraba en un «proceso de total reestructuración». Alonso García Herbozo, su director general, nos aclaró: «He decidido no poner más las manos al fuego por nadie. En este contexto, no es viable. Ahora debo evaluar si el sello continuará, porque el gran temor que acarrea todo esto es que pueden haber 10, 15 o 20 bandas en el catálogo, con 4, 5 o 7 personas. No se puede saber con certeza absoluta que alguna de ellas tenga algo que esclarecer […] Todo tiene que repensarse y rehacerse. Hay muchas cosas que, cuando empezamos, no se cuestionaban. Cuestionarlas hoy es lo mínimo que podemos hacer».

Inzul y las acciones legales

Uno de los casos más notorios es el que involucra a los integrantes de Inzul, Stefano Cedeño (o, por su nombre artístico, Stefano Toller) y Gianfranco Arias. Inicialmente, ambos se pronunciaron cuando su baterista Angelo Grijalva, a quien describieron como «músico ejecutante de los shows en vivo», fue sindicado por una presunta agresión sexual contra una menor de edad, según un testimonio anónimo en “Denuncia y Exposición”. Días después de esa publicación, el 21 de febrero, Toller y Arias comunicaron la separación de Grijalva. Afirmaron que «nunca tuvimos conocimiento de sus acciones», mientras empezaban a promocionar el lanzamiento de un nuevo sencillo.

Sin embargo, el 23 de febrero se difundió una publicación que, esta vez, señalaba de manera directa a Toller y Arias. Un denunciante que no reveló su indentidad (pero se describió como exintegrante de Inzul) afirmó que Toller lo había agredido sexualmente «en más de una ocasión» y que también había abusado psicológicamente de él. Según su testimonio, el músico «esperaba a que yo esté dormido para introducir su pene en mi boca y masturbarse en mi cara», además de tomar «fotografías de estos actos para hacer burla junto a su grupo de amigos del colegio San Agustín y la banda». Además, contó que Toller y Arias «compartían los videos y fotografías sexuales de las fans, exparejas y ligues en los chats grupales».

La publicación, que incluyó fotografías de actos sexuales explícitos que el denunciante atribuyó a Toller y Arias, se ‘viralizó’ en las redes sociales. Tras varios días de silencio (entre los que solicitamos a la banda que nos brindara su versión de los hechos vía Instagram), el 5 de marzo último los Inzul difundieron un video con su descargo. En la filmación, ambos indicaron que los habían acusado de violación sexual «sin pruebas» y describieron como «falsa», «manipulada» y «engañosa» a tres fotografías adjuntas en las denuncias, sin mencionar otras tantas que también son públicas. Asimismo, una mujer que sería su abogada explicó en el video que interpondrán una querella por el delito de difamación agravada contra los autores de estas acusaciones por redes, debido a una potencial afectación del honor y desprestigio social.

Kristel Uceda, hoy exmánager de Inzul, nos contó su versión de la historia. Ella señaló que, el mismo día que se publicó la denuncia específica contra Toller y Arias en la página “Putirojimias”, se reunió con los dos músicos y con David Chang, director del sello Elisa Records. Durante el encuentro, resolvieron el vínculo contractual que los unía como agencia de management. Invocaron una cláusula que establecía que, si la banda era vinculada a alguna denuncia por un delito doloso, podían cancelar el contrato de manera inmediata. Consultada sobre si estas cláusulas son comunes en los contratos de management y representación artística, Uceda respondió que no.

«Yo empecé a incluirlas en los contratos a partir de las denuncias que involucraron, hace unos años, a La Nueva Invasión. Jamás me hubiera visto en la situación de trabajar con un artista que tenga denuncias por violencia sexual, acoso o algún delito en general», agregó. Respecto a la posibilidad de resolver un contrato por una denuncia anónima en redes sociales, sin sentencia condenatoria de por medio, Uceda indicó –a título personal– que sí es posible, ya que «una denuncia es una denuncia, sea en una plataforma anónima o formalmente ante la Policía Nacional». «Las plataformas de denuncia anónima son muy importantes en el contexto del sistema judicial que tenemos en este país», concluyó.

El silencioso retorno de Santa Madero

Una llamada telefónica a la exmánager. Un mensaje al WhatsApp de la mánager actual. Dos mensajes directos en Instagram. Durante varios días, intentamos contactarnos con Dan Joe Salazar y José Luis Gonzáles ‘El Alcalde’, integrantes de Santa Madero, pero solo obtuvimos silencio. El 26 de febrero, nos respondió la vocalista Karina Castillo para decir lo que ya intuíamos: que estaban en un proceso legal. Y que no iban a hablar por el momento. Para entonces, lo último que habían comunicado como banda era la inmediata desvinculación de Angelo Grijalva (el también colaborador de Inzul que los apoyaba como baterista en los conciertos). Entre tanto, el trío promocionaba en redes el lanzamiento de un nuevo sencillo.

Pero la ola de denuncias ya los había alcanzado. Salazar sumaba al menos tres denuncias en la página “Denuncia y Exposición” que lo involucraban en actos graves. Además del primer testimonio publicado el 16 de febrero, otras dos usuarias anónimas lo acusaron de presunto acoso y tocamientos indebidos. Al mismo tiempo, una denunciante afirmó que, en una fiesta, Gonzáles «de la nada empieza a tocarme, besarme y acercarme hacia él». Una gran cantidad de seguidores cuestionó a Santa Madero por el silencio que sostuvieron día tras día, a pesar de los testimonios de presunta violencia.

El silencio de la banda terminó recién el 6 de marzo, cuando emitieron un comunicado donde calificaban a las acusaciones como «falsas e injustificadas». Además, confirmaron que se ha iniciado un proceso legal en torno a una de las demandas. Por esta razón, solo declararán en los «canales formales favoreciendo la integridad de las investigaciones». No obstante, lo más llamativo fue que anunciaran su retorno a las actividades artísticas. «Reiterando que no hemos cometido ningún acto de los que se nos imputa». Esto último ha generado el rechazo en redes y ya existen llamados para boicotear sus próximos conciertos.

El objetivo de este reportaje es la discusión informada de una problemática social tan grave como la violencia de género. Lamentablemente, el obsoleto lema de «sexo, drogas y rocanrol» parece seguir perpetuándose entre las nuevas generaciones, lo cual es muy preocupante. Cuando se pensaba que la deconstrucción y la empatía eran la bandera de centennials y millenials, surge este triste contexto en la escena local. Son jóvenes –en su mayoría, de entre 20 y 30 años de edad– los involucrados en estos testimonios de actos violentos contra mujeres. Es, pues, una clara muestra de que se trata de un problema estructural, sistemático y normalizado en el Perú.

Corresponderá al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio y al MIMP pronunciarse sobre estas denuncias. Como medios de comunicación, los equipos de Tercer Parlante y Conciertos Perú que colaboraron con este reportaje estamos convencidos de que el silencio no era una opción ante una situación tan grave. Sobre todo, en un entorno donde trabajamos día a día. Y la herramienta para reportar esta problemática de violencia solo podía ser un periodismo riguroso. Buscar a las partes, obtener las versiones y conversar con especialistas. De este modo, también intentaremos establecer acciones a corto, mediano y largo plazo. El fin: promover una escena local segura, donde se pueda vivir la música sin miedo. ■

Si eres víctima de violencia de género, puedes recurrir a los siguientes canales y servicios de ayuda: